Compartimos la nota de prensa publicada por Intercambios, asociación civil para el estudio y atención de problemas relacionados con las drogas de Argentina, a raíz de las muertes e intoxicaciones tras consumo de cocaína en el país. Esta organización recientemente puso en marcha el análisis de sustancias a través de su Proyecto de Atención en Fiestas (PAF).
3 de febrero de 2022. Buenos Aires, Argentina.
Ante la tragedia que se cobró la vida de al menos 23 personas por el consumo de cocaína adulterada con una sustancia de alta toxicidad, nos solidarizamos con las familias de las víctimas y creemos fundamental que se lo priorice como un hecho de salud pública y derechos humanos.
El derecho a la salud de las personas debe ser prioritario, sin demonizar la situación. La criminalización de los usuarios, producto de las regulaciones punitivas, sostenidas en la Ley 23.737 de Estupefacientes, promueve los tratamientos como una pena y no como un derecho, obstaculizando el acceso a los servicios de salud y empujando a una situación de precariedad y desinformación sobre los consumos. Por esta razón, es fundamental una modificación de la normativa penal.
A su vez, acontecimientos como el presente resultan una oportunidad para atacar la Ley 26.657 de Salud Mental. Esta sí parte de un paradigma de respeto por los derechos humanos de las personas usuarias, propiciando una multiplicidad de respuestas de fácil acceso y base comunitaria que deben ser garantizadas por el Estado nacional y las provincias. De la misma forma, se requiere la ampliación de recursos humanos que realicen acompañamiento ambulatorio en los primeros niveles de atención y en el seguimiento de las
distintas situaciones.
Sostenemos que la falta de información ha impedido anticipar una tragedia como esta. Aunque todavía no esté confirmado oficialmente que la cocaína haya sido adulterada con fentanilo, puede ser pertinente tomar la experiencia de Estados Unidos tras la epidemia de opiáceos (1) para observar qué herramientas y estrategias se utilizaron para tratar el tema como, por ejemplo, las salas de consumo seguro y la provisión de jeringas. La distribución de naloxona es una medida efectiva. Se trata de un antídoto contra los opioides que revierte completamente los efectos de una sobredosis si es administrado a tiempo. Que se aplique como una política de reducción de daños implicaría que no solo esté disponible en centros de salud sino también que se encuentre al alcance de la población. En algunos países ya puede adquirirse en farmacias sin receta (2). También existen tiras reactivas que indican la presencia de fentanilo, que son muy fáciles de usar y económicas.
Por ese motivo, es importante ampliar las estrategias de testeo que son una herramienta de salud pública que permite tener información verificada, brindar asesoramiento y orientación, difundir alertas sobre sustancias adulteradas y conocer la dinámica de los mercados. Los estudios internacionales muestran que cuando el testeo indica presencia de sustancias no esperadas o de adulteraciones, las personas son más propensas a decidir no
consumirlas (3). También el acceso abierto y democrático a los sistemas de alertas tempranas de las nuevas sustancias que están circulando permitiría anticiparse a eventos desagradables y peligrosos para los usuarios y al conjunto de la sociedad.
Ante una tragedia de esta magnitud, es importante valorar la atención que se está brindando desde los hospitales del sistema público de salud. Como medida de urgencia, recordamos que es necesario actuar rápidamente ante los efectos no esperados del consumo de cocaína por parte de personas usuarias. La ayuda de familiares o amigos
puede ser vital. Ante signos de dificultad respiratoria, convulsiones, disminución del estado de conciencia o alteraciones de la sensibilidad (sensación de hormigueo, adormecimiento), es preciso consultar de inmediato a un servicio de emergencias, siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación.
Por último, esto también pone de relieve que el silenciamiento y la falta de información confiable es un problema de gravedad. Ubica en la agenda política la necesidad de reformar la Ley 23.737, de ampliar la oferta de tratamientos ambulatorios, de reforzar la participación de las organizaciones de usuarios y de adoptar una perspectiva no punitiva que apueste a la salud como un derecho primordial.
Intercambios Asociación Civil
1) Según la OMS, los «opioides» son compuestos que se extraen de la adormidera (planta de amapola real) o compuestos sintéticos con propiedades similares que pueden interferir cerebralmente. Se utilizan habitualmente para el tratamiento del dolor e incluyen fármacos como la morfina, el fentanilo y el tramadol.
2) Australia, Canadá, Italia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Ucrania han introducido recientemente la naloxona entre los productos de venta libre y también han iniciado su distribución de forma proactiva entre la población de riesgo.
3) Según Maghsoudi, Tanguay et al 2021.
YouTube
Video OCDS Voluntariado Baleares
Instagram
😭Desde Energy Control de ABD queremos informar que nuestra cuenta de Instagram ha sido cerrada, aunque hemos presentado apelaciones. Este cierre es un hecho aislado, sino que se enmarca en una ola de borrado de cuentas de proyectos que trabajamos en la reducción de riesgos y daños asociados al consumo de sustancias psicoactivas.
Esto muestra una tensión creciente entre las políticas preventivas y la salud pública que defendemos, y las normas de moderación de contenido de las plataformas digitales. A pesar de que nuestra labor está avalada por años de experiencia, evidencia científica y reconocimiento de administraciones públicas, otros proyectos y la comunidad internacional, los algoritmos y decisiones unilaterales de estas plataformas están provocando censura en contenidos preventivos, educativos e informativos, que tienen como objetivo proteger la salud y la vida de las personas.
Desde EC reivindicamos el derecho a informar, acompañar y reducir los daños asociados al uso de drogas, especialmente entre personas que ya consumen, ofreciendo herramientas, conocimientos y recursos basados en respeto, evidencia y derechos humanos. El cierre de nuestros canales en redes limita nuestro alcance y capacidad de intervención, y afecta directamente a quienes nos usan para resolver dudas, recibir información veraz y tomar decisiones más seguras.
Queremos agradecer el apoyo de las personas que siguen y valoran nuestro trabajo, así como de administraciones públicas, organizaciones sociales que comparten nuestra visión y personas que organizan eventos.
Este cierre no nos detiene: seguimos en otras redes, en la web, y a través de nuestros canales presenciales de atención. Estamos ya trabajando en estrategias para reconstruir los espacios de comunicación, y no cesaremos en la defensa de un enfoque que priorice la salud, autonomía y respeto a todas las personas.
Llamamos a la reflexión colectiva sobre el papel que juegan las redes sociales en la salud pública y la necesidad de que las políticas de moderación no se conviertan en barreras para el acceso a información vital.
Seguimos. Siempre 🖤💛